Cobrar una pensión no contributiva de invalidez depende de varios factores, el más importante es el grado de invalidez que tenga la persona que solicita este subsidio. El grado de discapacidad para cobrar pensión lo marca la Administración, en nuestro país es imprescindible completar una serie de pruebas, que demuestren que la persona no puede llevar a cabo de forma efectiva una labor profesional, y por tanto es imprescindible que reciba una ayuda pública.
¿Buscas un seguro de incapacidad para estar más tranquilo? En Mejorsegurovida analizamos cuál es el grado de discapacidad mínimo para cobrar pensión en España y el proceso para saber el grado de discapacidad de una persona.
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¿Qué es el grado de discapacidad?
El grado de discapacidad es un valor expresado numéricamente, que determina si una persona tiene una discapacidad permanente, parcial total o absoluta.
En España, para acceder a una pensión no contributiva a causa de una discapacidad, será necesario que el solicitante tenga una tasa del 65 % o superior. Existen otros requisitos que la Administración va a tener en cuenta a la hora de conceder este tipo de pensiones, pero la principal se basa en una prueba en la que un especialista debe certificar que, efectivamente, la persona que solicita la pensión tiene al menos un 65 % de discapacidad.
Diferencias entre Discapacidad e Incapacidad
La discapacidad es la constatación de que una persona tiene una deficiencia física o psíquica. En el caso de una incapacidad, se trata de la imposibilidad de desempeñar una labor profesional a causa de una patología o un accidente.
En la mayoría de los casos, la incapacidad es sobrevenida, es decir, aparece de forma repentina, mientras la discapacidad suele tener causas previas.
¿Qué requisitos se necesitan para cobrar la pensión por discapacidad?
La Ley establece al menos 4 condiciones imprescindibles para solicitar y obtener el cobro de una pensión no contributiva relacionada con una discapacidad.
- Un organismo acreditado debe comprobar que existe una discapacidad de al menos el 65 %.
- El solicitante debe tener entre 18 y 64 años.
- Es imprescindible residir en España en la actualidad, y haber residido durante al menos 10 años.
- No se podrán superar los 5.899.60 € de ingresos anuales.
Estos son los requisitos básicos, las Comunidades Autónomas pueden establecer otras condiciones a los derechos de cobro de una pensión por discapacidad.
¿Cómo saber qué grado de discapacidad tengo?
La evaluación física y psíquica para conceder una pensión por discapacidad no la lleva a cabo la Seguridad Social, son los servicios sociales de cada Comunidad Autónoma los que realizan estas pruebas.
Es el Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre la ley que establece en detalle las condiciones necesarias para obtener una pensión por discapacidad, las capacidades generales que se analizan en este tipo de pruebas son las siguientes.
- Actividades relacionadas con el cuidado personal
- Capacidades comunicativas del titular
- Actividad física que puede llevar a cabo, tanto básica como funcional
- Capacidades relacionadas con los 5 sentidos y la movilidad manual
- Posibilidad de utilizar medios de transporte públicos y particulares
- Funciones sexuales
- Afectación del sueño y su incidencia en el descanso
- Otros factores que se consideren de relevancia
Los servicios sociales autonómicos son los que evalúan las capacidades anteriores y establecen un grado numérico, si este es superior o igual al 65 %, el titular podrá solicitar una pensión no contributiva a expensas de cumplir el resto de condiciones.
Tipos de discapacidad
La discapacidad en España se mide en diferentes grados que van del 1 al 5, sin embargo, a la hora de establecer ventajas fiscales y el pago de pensiones, disponemos de un baremo en base a los siguientes porcentajes.
Discapacidad inferior al 33%
Una discapacidad inferior al 33 % no va a repercutir en ningún tipo de ventaja o beneficio para el titular. La Administración establece que una persona con una discapacidad menor al 33 % va a poder desempeñar su labor profesional adecuadamente, y por lo tanto no será necesario que perciba ayudas o ventajas económicas.
Discapacidad igual o superior al 33% y menor al 65 %
Una persona con una discapacidad de entre el 33 % y el 64 % no se considera susceptible de recibir una prestación no contributiva, pero sí podrá solicitar ventajas sociales y fiscales en determinadas situaciones.
Son las propias Comunidades Autónomas las que se encargan de establecer este tipo de ventajas, pero en la mayoría de los casos, estas personas pueden acogerse a bonos que reducen la factura energética, acceso a vivienda protegida, descuentos en servicios prestados por empresas públicas y ventajas para acceder a empleos públicos.
El objetivo es que personas con discapacidades de entre el 33 % y el 64 % puedan acceder al entorno laboral y desarrollen una actividad adaptada a sus capacidades.
Discapacidad igual o superior al 65%
Una persona con una discapacidad certificada del 65 % o superior, no solo podrá acceder a descuentos y ventajas fiscales, además podrá solicitar una pensión no contributiva. A partir de esta tasa, se considera que una persona tiene altas dificultades para acceder al mercado laboral, por tanto, necesitará un ingreso mínimo en base a las condiciones que analizamos anteriormente.
Si los servicios sociales de la Comunidad Autónoma establecen una tasa de discapacidad de entre el 66 % y el 75 %, la pensión actual se establece en 5.899,60 € anuales divididos en 14 pagas de 421,40 €, si el porcentaje de discapacidad es superior al 75 %, a la cantidad anterior se suma un complemento de 2.949,80 € anuales.
Es importante recordar que cada caso se evalúa particularmente, y por lo tanto, las condiciones generales presupuestadas pueden variar.
¿Cómo se calcula el grado de discapacidad?
Para calcular el nivel de discapacidad de una persona se tienen en cuenta las valoraciones que analizamos anteriormente. El objetivo es determinar si una persona presenta las condiciones necesarias para afrontar una actividad laboral, o si la discapacidad le impide percibir unos ingresos estables.
El profesional que lleva a cabo la valoración debe disponer de un certificado de la seguridad social autonómica a la que pertenezca, para evitar fraudes en lo que se refiere al grado de discapacidad para cobrar pensión.